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San Luis

La Legislatura sancionó el Plan Maestro de Energía 2026-2036 con foco en gas, electricidad e inversiones

El texto se construyó con aportes de mesas sectoriales de los nueve departamentos, la Cepal y el Consejo Federal de Inversiones. Define el rumbo energético de los próximos diez años, con efectos proyectados a medio siglo.

Por Redacción
Diputados aprobó el Plan Maestro de Energía 2026-2036 que promueve inversiones en gas, electricidad y mejora de los servicios.
Diputados aprobó el Plan Maestro de Energía 2026-2036 que promueve inversiones en gas, electricidad y mejora de los servicios.

La administración de Claudio Poggi logró sancionar una norma decisiva para el porvenir sanluiseño. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Plan Maestro de Energía 2026-2036 orientado al desarrollo humano y económico sustentable. El texto ordena la política energética de la próxima década con la meta de elevar la calidad de vida de los habitantes, robustecer la infraestructura y seducir al capital privado. Obtuvo 26 adhesiones del bloque Ahora San Luis y sus aliados, frente a 6 rechazos del Frente Justicialista.

La exposición de los puntos centrales quedó a cargo de Eugenia Gallardo (Ahora San Luis), quien detalló que el diseño requirió una extensa labor compartida con el Consejo Federal de Inversiones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y mesas sectoriales instaladas en los nueve departamentos, con participación de industriales, consultores energéticos y casas de altos estudios.

“Es muy bueno gestionar a partir de planes maestros. Dan certeza, seguridad jurídica a los distintos actores de la provincia”, afirmó la diputada.

“El desafío ahora es cómo distribuir la energía, cómo darle robustez al sistema y cómo abaratar costos”, puntualizó.

Diagnóstico

La legisladora contó que, antes de redactar el plan, se elaboró un relevamiento que calificó como inédito acerca del panorama provincial en electricidad, gas natural y combustibles.

Recordó que hoy la prestación eléctrica está en manos de Edesal, responsable del subtransporte y de la distribución en media y baja tensión, con control de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. En materia de gas natural, la regulación depende de organismos nacionales y la distribución queda en manos de Ecogas Cuyana y Energía San Luis Sapem.

La matriz provincial es diversa: la mitad del consumo se cubre con fuentes renovables. Dentro de ese segmento, el 51% es solar, el 46% eólico y el 3% biogás. Hay cuatro plantas en funcionamiento y, en el período 2022-2024, la generación “limpia” se expandió un 300%.

El relevamiento también mostró que los máximos de demanda aparecen en verano, por el calor y el riego agropecuario. A su vez, se detectaron pérdidas de entre el 15% y el 25% atribuidas a hurtos, enganches clandestinos y errores de medición.

En el rubro gasífero aparecieron brechas de acceso: sobre 204 mil viviendas edificadas, apenas 97.653 están conectadas a la red. Un 49% de los hogares cocina con ese servicio y un 44% recurre a garrafas. El consumo de julio y agosto quintuplica el de abril, señal de que las redes quedan subutilizadas durante buena parte del año.

En combustibles, el récord de consumo se dio en 2025, por encima del promedio nacional y con una curva ascendente, donde las naftas superan al gas. Los biocombustibles producidos en la provincia representan el 12% del gasoil local.

Con seis años de registros se armó el balance energético que sirvió de cimiento al Plan Maestro, estructurado en cinco ejes vinculados entre sí y atravesados por la eficiencia energética, entendida como “hacer más con menos energía, reduciendo costos, evitando inversiones innecesarias”.

Acciones concretas

Para el ámbito estatal se plantea instituir la figura del gestor energético en edificios públicos como escuelas, hospitales y oficinas administrativas. También se contempla reemplazar el alumbrado por tecnología LED y aplicar compras públicas sustentables, con licitaciones que incorporen pautas de eficiencia energética, cuidado ambiental y responsabilidad social.

En los segmentos productivo y residencial se impulsan auditorías energéticas en industrias y pymes, el etiquetado de eficiencia de las viviendas, la renovación de electrodomésticos y un programa de agua caliente sanitaria con termotanques solares en zonas sin gas natural por red.

La propuesta suma un componente educativo, con manuales de alfabetización energética y formación permanente junto a las universidades públicas nacionales radicadas en la provincia, las escuelas técnicas y la UPrO.

Otro eje se concentra en infraestructura, tecnología e inversión, con la intención de actualizar las redes radiales —hoy con inconvenientes de estabilidad y caídas de tensión— e integrarlas a las telecomunicaciones.

Se definieron tres obras prioritarias de alta tensión. La primera consiste en cerrar el anillo del Gran San Luis, para dar respaldo y seguridad al área metropolitana e industrial, donde se concentra el mayor consumo.

La segunda es el cierre del anillo del sistema norte, que conectará Santa Rosa de Conlara con Candelaria y resultará determinante para el crecimiento turístico y productivo de esa zona.

La tercera consiste en ampliar el sistema sur para solucionar los problemas históricos de estabilidad y falta de potencia que padecen los vecinos del departamento Dupuy.

Asimismo se prevé sumar redes inteligentes y sistemas de almacenamiento, con telecontrol y automatización, para administrar las pérdidas y la intermitencia propia de la generación eólica y solar. Esas herramientas habilitarán además que los usuarios produzcan su propia electricidad y vuelquen los excedentes a la red, transformándose en prosumidores.

En el mediano plazo aparece la idea de constituir un mercado provincial de energía eléctrica, donde generadores y grandes consumidores locales puedan operar entre sí y competir con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

El horizonte incluye también la elaboración de biometano como sustituto del gas natural y del gasoil convencional.

Un cuarto eje se vincula con sostenibilidad, ambiente, competitividad y asequibilidad. “Es convertir la baja huella de carbono de San Luis en una ventaja competitiva. Poder exportar productos de San Luis como los agroindustriales con un sello de baja huella de carbono, insertarnos en el mercado para monetizar proyectos renovables y de eficiencia”, amplió Gallardo.

Sobre el financiamiento, la idea es ejecutar obras de envergadura sin cargar el presupuesto provincial, mediante acuerdos con los sectores favorecidos por las inversiones energéticas. El eje central serán los esquemas público-privados para los trabajos de alta tensión. Mencionó como posibles cofinanciadores a productores agropecuarios, de riego e industriales. Además se evalúa el uso de bonos verdes y microcréditos.

Finalmente, el eje de gobernanza buscará mejorar la operatividad, evitar erogaciones superfluas, crear una unidad ejecutora interministerial que conduzca el plan y montar un sistema integrado de información energética.

“El Plan Maestro de Energía es el resultado de una clara decisión política que trasciende a una gestión de gobierno, que trasciende el corto plazo. Es una clara decisión de trabajar para el futuro de la provincia”, sintetizó la diputada.

Bruno Mini repasó las distintas leyes sancionadas en torno al desarrollo provincial, entre ellas el RIPEE, el Plan Maestro del Agua y la Ley de Consorcios Camineros.

“La gestión del gobernador Claudio Poggi ha entendido que el rol del Estado para el desarrollo del mismo tiene que ver principalmente con dos cuestiones fundamentales: primero, dotar a los privados de una fuerte seguridad jurídica, que les permita pensar los emprendimientos a largo plazo. Y segundo, generar las condiciones de infraestructura y servicios para que esos emprendimientos sean posibles”, sostuvo.

“Seguramente el año que viene nos va a tocar tratar el plan de ordenamiento territorial, que sería el broche de oro de un programa de leyes que van a dar seguridad jurídica, que van a generar las condiciones para la inversión, que ponen a San Luis en una carrera competitiva y con ventajas respecto de otras provincias para atraer inversiones”, cerró.

Desde el peronismo rechazaron el proyecto y pidieron detalles sobre las partidas previstas y los plazos de ejecución de las obras. Silvia Sosa Araujo apuntó contra la política habitacional al sostener que se “está techando la pobreza” porque los planes de viviendas no incorporan inversiones energéticas.

La frase generó reacciones de varios legisladores apenas concluyó su exposición. “Me parece una expresión lamentable. Quienes no se ocuparon de construir viviendas fueron los del bloque de la oposición. Y ahora vienen a decir que es techar pobreza. Dejaron a la provincia pobre y no se ocuparon”, le retrucó Gallardo.

Prorrogaron por un año la designación de 17 funcionarios judiciales

Durante la misma sesión, por unanimidad se extendió por doce meses la designación provisoria de 17 magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La medida comprende a quienes sigan en el cargo cuando la norma entre en vigencia y cuyos plazos estén por caducar.

Carlos “Charly” Pereira (Ahora San Luis) señaló que el objetivo es sostener la prestación del servicio de justicia mientras avanzan los concursos y se integran las ternas para cubrir los puestos en forma definitiva. Sin la prórroga, “gran parte de la operatividad y del servicio del justiciable por parte de un poder del Estado como es el Poder Judicial quedaría sumamente comprometido”, advirtió.

Detalló que, de las 17 designaciones provisorias vigentes, cinco caducan entre el 2 y el 21 de diciembre. Puso como caso testigo a la Tercera Circunscripción Judicial, donde el fin de esas funciones dejaría acéfalos los juzgados Civil, Comercial y Laboral; de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Régimen Penal Juvenil; el Juzgado de Garantía, junto con la Fiscalía de Instrucción Penal y la Defensoría Oficial en lo Penal.

El diputado atribuyó las demoras en cubrir los cargos al vencimiento de las ternas y al desempeño deficiente de los aspirantes en los exámenes. Por ese motivo, el Superior Tribunal de Justicia propuso aumentar las exigencias de antigüedad en la matrícula dentro de la reforma constitucional.

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