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San Luis

Imputado por sustraer una mochila de una Amarok y vaciar las tarjetas del dueño, seguirá el proceso en libertad

A Santino Gabriel Villalba le atribuyen el hurto ocurrido frente a un hotel de avenida Illia y dos movimientos bancarios ilegítimos. El magistrado desestimó los 90 días de encierro preventivo que reclamaba la Fiscalía por falta de riesgos procesales y le fijó firmas periódicas.

Por Redacción
Lo acusaron de robar una mochila de una camioneta y usar las tarjetas de la víctima, pero quedó en libertad.
Lo acusaron de robar una mochila de una camioneta y usar las tarjetas de la víctima, pero quedó en libertad.

A Santino Gabriel Villalba se le atribuye haber intervenido en la sustracción de una mochila que estaba dentro de una camioneta detenida en avenida Illia, en la capital puntana, y en dos movimientos bancarios concretados con las tarjetas del damnificado. Pese a ello, el titular del Juzgado de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, desestimó la prisión preventiva reclamada por la acusación y dispuso que recuperara la libertad de manera inmediata, con la carga de presentarse cada cierto tiempo ante la Justicia por un plazo de 90 días.

El debate se concretó el miércoles y contó con la participación de la fiscal de Instrucción Penal N° 5, Débora Roy Gitto, y de los abogados defensores Agustina Tobares y Esteban Sala.

De acuerdo con la imputación, todo sucedió el 4 de noviembre cerca de las 10, cuando el dueño de una Volkswagen Amarok la dejó estacionada frente a un hotel de avenida Illia. Tras accionar el cierre centralizado, bajó del rodado y, al volver aproximadamente diez minutos después, advirtió la falta de una mochila que contenía una notebook, papeles personales, plásticos bancarios, efectivo y otros bienes de valor.

Dado que el vehículo no mostraba signos de violencia, la acusación sostuvo que los autores habrían recurrido a un inhibidor de señal para evitar que el cierre centralizado se activara.

Más tarde, la víctima advirtió dos movimientos en su cuenta que no reconocía. Según la pesquisa, ese dinero terminó en una cuenta de Mercado Pago registrada a nombre de Villalba.

La representante del Ministerio Público afirmó que el episodio habría sido perpetrado por el imputado junto a otro hombre, también bajo investigación, que no se presentó a la audiencia.

Entre los elementos probatorios citó filmaciones de cámaras de seguridad donde se observa a alguien retirando la mochila del interior de la camioneta y la declaración de un taxista que afirmó haber llevado a dos hombres —uno con una mochila de color oscuro— hasta el sector oeste de la ciudad.

Asimismo, detalló que el 17 de noviembre la mochila apareció en un terreno baldío, junto a documentación y otras pertenencias que figuraban en la denuncia.

Con ese respaldo, Roy Gitto imputó a Villalba como coautor de hurto calificado por el empleo de llave falsa u otro instrumento similar, en concurso real con dos defraudaciones mediante el uso de tarjetas bancarias.

Pidió además 90 días de prisión preventiva, al entender que persistía el peligro de obstaculizar la pesquisa, sobre todo porque el segundo sospechoso continuaba sin ser ubicado y quedaban diligencias pendientes, como peritajes de teléfonos celulares y declaraciones de testigos.

La defensa cuestionó las pruebas y la detención

En la audiencia, Villalba tomó la palabra y rechazó haber tenido alguna participación en los hechos.

Tobares objetó la acusación y planteó que no había material probatorio suficiente para ligarlo al robo de la mochila. Sostuvo que las imágenes de las cámaras no permitían individualizarlo y que tampoco estaba comprobada su intervención en las transacciones bancarias.

Agregó que su asistido tiene arraigo en San Luis, carece de antecedentes condenatorios y no posee otras causas penales abiertas.

Sala, en tanto, puso en duda el modo en que se produjo la detención y la lectura que hizo la Fiscalía del artículo 38 del Código Procesal Penal de la provincia.

Detalló que esa norma consagra el derecho de toda persona a saber que existe una investigación penal en su contra para poder defenderse, pero no impone el deber de comparecer ante la Fiscalía.

En consecuencia, argumentó que la ausencia de Villalba no podía esgrimirse como razón para detenerlo, porque no se trataba de la desobediencia a una citación obligatoria.

Indicó también que en un principio la Fiscalía había pedido la audiencia de formulación de cargos con el acusado en libertad y luego ordenó su arresto sin precisar, según la defensa, qué novedades justificaban ese cambio.

Los dos letrados rechazaron la preventiva y reclamaron que su defendido recuperara la libertad bajo medidas menos gravosas.

Al momento de decidir, Montiveros Chada estimó que había material suficiente para tener por formulados los cargos, aunque formuló reparos sobre ciertos puntos de la investigación.

Puntualmente, remarcó que no se había incautado ningún inhibidor de señal ni se había aportado un peritaje que probara su uso. Además, juzgó necesario avanzar en las averiguaciones sobre el rol de cada uno de los involucrados.

De todos modos, ponderó las transferencias que llegaron a la cuenta de Villalba y el hallazgo de una birome que el damnificado reconoció como propia, como indicios que sostenían la imputación en esta instancia preliminar.

Sobre el encierro cautelar, el juez compartió el argumento defensivo acerca del artículo 38 del Código Procesal Penal. Señaló que anoticiar a alguien de una investigación es un derecho del imputado y que su inasistencia no alcanza, por sí misma, para privarlo de la libertad.

Añadió que la acusación no había acreditado riesgos procesales concretos ni explicado de qué modo la libertad del acusado podría afectar a la víctima o entorpecer la causa.

El magistrado remarcó que la prisión preventiva constituye un recurso excepcional orientado a asegurar los fines del proceso, y no un castigo adelantado.

Finalmente, tuvo por formulados los cargos con el encuadre legal propuesto por la Fiscalía, negó los 90 días de preventiva y dispuso la libertad inmediata del imputado.

Como medida de coerción, resolvió que durante los próximos 90 días deberá concurrir con regularidad a firmar el libro correspondiente, mientras la investigación penal sigue su curso.

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