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Sin votos en contra, el Senado sancionó la nueva norma permanente sobre discapacidad

El texto sancionado conserva el paquete de beneficios de la ley de emergencia en discapacidad, que el Ejecutivo había vetado en 2025.

Por Redacción
El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad.
El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad.

La Cámara alta transformó anoche en ley, sin un solo voto en contra, el proyecto sobre Discapacidad, un texto que reproduce casi punto por punto el conjunto de beneficios de la norma cuya vigencia termina en diciembre y que el Gobierno Nacional había rechazado el año pasado.

Doce meses después de haber frenado la emergencia en Discapacidad, el oficialismo terminó aceptando la continuidad de los beneficios que en su momento vetó, en un escenario marcado además por el apoyo del papa León XIV a los reclamos de las organizaciones del sector.

El respaldo fue total: los 71 senadores presentes en el recinto votaron a favor.

La sesión, que arrancó después de las 11, contempló también el análisis de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la iniciativa de Propiedad Privada para reponer la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, entre otros asuntos.

Antes de ingresar al dictamen de discapacidad, se formalizó la entrada de distintos pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial y se aprobó el ascenso al grado inmediato superior del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, a cargo de la Casa Militar.

Ese pliego obtuvo 59 adhesiones, 3 rechazos y 1 abstención, y rige desde fines del 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se aprobaron mociones de preferencia para un grupo de iniciativas que se tratarán en la última sesión del año, prevista para el 26 de noviembre, entre ellas una prórroga del Estatuto del Periodista.

El debate

Al inaugurar la discusión, Agustín Monteverde, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, justificó la apuesta del oficialismo por una legislación definitiva en lugar de extender la emergencia un año más, como pedían las entidades del sector.

"La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo".

Desde las bancadas opositoras, la senadora peronista y ex gobernadora Alicia Kirchner sostuvo que "ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida".

"Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva", señaló.

La catamarqueña Lucía Corpacci apuntó contra el presidente Javier Milei, de quien dijo que "no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado", y remarcó que la ley se concretó "porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle".

"Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena", advirtió.

Sumó que "por lo menos le vamos a poder garantizar a los discapacitados que la ley de emergencia no se cae y no están desprotegidos del todo, aunque ya están desprotegidos".

En la vereda oficialista, la senadora de La Libertad Avanza Nadia Marquez destacó que se trata de una norma que "mantiene reglas claras".

Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, planteó la necesidad de "optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad. Esas garantías de los servicios se traduce en derechos adquiridos de personas con discapacidad".

Martin Goerling Lara, jefe del bloque PRO, afirmó que "la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”.

Patricia Bullrich, al frente del interbloque libertario, describió la sanción como "un acuerdo social y un acuerdo político" y señaló que las prestaciones "somas adecuadas que se habían votado en las emergencias y en los parches".

"Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa", completó.

También marcó como diferencia respecto de la emergencia que ahora se está "votando una ley donde se establece de donde saldrán los fondos" para financiar esas prestaciones.

El detalle

Bautizada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, la iniciativa calca casi en su totalidad el esquema de beneficios de la Ley 27.793, aunque le quita el componente de emergencia y transitoriedad.

La intención es que esas disposiciones pasen a ser una norma estable y de orden público, con alcance más allá de las administraciones de turno.

Uno de sus ejes centrales es la posibilidad de combinar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no excedan dos salarios mínimos vitales y móviles. Pueden acceder quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El texto mantiene además el principio de nomenclador único, confirma la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones conforme al índice de movilidad jubilatoria —atado al IPC— y asegura la cobertura médica básica del programa federal Incluir Salud para los beneficiarios de la pensión por discapacidad.

En el plano financiero, dispone que la partida presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ubicarse por debajo, en términos reales, de la del ejercicio fiscal previo.

También instaura un esquema de auditorías periódicas con cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Por último, a solicitud de los bloques aliados, se sumó una cláusula transitoria con un cronograma para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores y un tope de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley. (NA)

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