Prisión preventiva para el empresario Christian Becher por el desvío de fondos del Molino Fénix

La detención de Christian Becher, que inicialmente debía revisarse el 24 de septiembre, se resolvió este martes tras una audiencia marcada por los cuestionamientos de su defensa respecto a la legalidad del arresto y la imputación. El Ministerio Público Fiscal argumentó que persisten riesgos procesales que justifican la privación de libertad, reafirmando que el empresario fue una pieza central en el esquema ideado por Anabela Lucero y Joaquín Beltrán para extraer recursos del Molino Fénix en beneficio propio.

Christian Becher en la audiencia de este martes.

Becher, arrestado hace una semana en Villa Mercedes tras allanamientos en una embotelladora y una estación de servicio de su propiedad, enfrenta cargos por asociación ilícita y fraude a la administración pública. Mientras la defensa intentó plantear la nulidad del procedimiento, el fiscal José Olguín sostuvo que la captura fue legal. Dicha cuestión será tratada en una instancia posterior según determinó el juez Ortiz.

Olguín enfatizó que Becher era el eslabón indispensable para "limpiar" el dinero que no podía ser retirado por canales bancarios legales, actuando en coordinación con un grupo compuesto por Lucero, Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres. El fiscal subrayó que el empresario contaba con la estructura necesaria para ejecutar la maniobra, que incluía el manejo de cheques emitidos de forma irregular por ex funcionarios.

El representante del Ministerio Público detalló que la acusación se basa en pruebas sólidas, incluyendo comunicaciones, registros contables y videos. Asimismo, denunció que Becher utilizó a terceras personas, algunas de condición económica humilde —como un jubilado que subsistía vendiendo pizzas—, para abrir empresas ficticias sin su consentimiento, las cuales aparecían emitiendo cheques por sumas millonarias.

El fiscal puntualizó además que los cheques fueron endosados de manera ilícita, contraviniendo las normas de la administración pública que exigen la modalidad "no a la orden". Según la investigación, se facturaron servicios inexistentes al organismo estatal, siendo Becher el receptor final de los fondos.

El juez Santiago Ortiz valoró que la investigación preparatoria debe servir para confrontar estas teorías y verificar la legitimidad de las sociedades señaladas. Por su parte, la Fiscalía insistió en que la medida de coerción es esencial para evitar el entorpecimiento de los peritajes financieros y proteger a los testigos, dada la capacidad económica e influencia del imputado sobre sus empleados.

Juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz. (Foto: Nahuel Sanchez)

La defensa solicitó la prisión domiciliaria y medidas alternativas, alegando la situación familiar del empresario y su disposición previa a colaborar. Becher tomó la palabra para defender su rol como sostén de sus negocios y de sus hijos tras la condena de su padre en una causa por narcotráfico.

Ante la gravedad de los hechos y la presunta organización delictiva, el fiscal pidió cuatro meses de preventiva. El magistrado ordenó finalmente el traslado de Becher al Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de 60 días, confirmando los cargos imputados y priorizando la necesidad de garantizar el avance del proceso judicial y el esclarecimiento de la verdad.