Saltar al contenido
La Voz de Cuyo main
Renovación de DNI
Nacional

Austral Agro, la firma ganadera de Lázaro Báez que la Justicia volvió a poner en el centro de la escena

El Tribunal Oral Federal N°4 resolvió liquidarla para cubrir las multas impagas derivadas del juicio por la "Ruta del dinero K". La compañía también aparece mencionada en el expediente que indaga una supuesta red de lavado comandada desde una celda.

Por Redacción
Lázaro Báez.
Lázaro Báez.

El panorama judicial de Lázaro Báez, el empresario vinculado al kirchnerismo, sumó un nuevo frente: fue imputado en un expediente donde se sospecha que, desde su lugar de detención, encabezaba una estructura destinada a explotar varias de sus compañías, entre ellas Austral Agro S.A.

Esa sociedad, orientada al negocio ganadero, regresó al foco de los tribunales con la apertura del nuevo caso. En paralelo, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 resolvió su liquidación con el objetivo de afrontar las sanciones económicas que pesan sobre Báez y su hijo Martín en el proceso conocido como "Ruta del dinero K".

Qué es Austral Agro

La empresa nació el 11 de octubre de 2007, fundada por Lázaro Báez junto a Fernando Javier Butti, con un capital inicial de $50.000. De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, su objeto social abarcaba la explotación agrícola y ganadera, además de operaciones de compraventa de inmuebles tanto urbanos como rurales.

En sus comienzos, Butti ocupó la presidencia del directorio y Báez figuró como director suplente. Con el correr de los años, sin embargo, el control pasó íntegramente al entorno familiar del empresario: Lázaro asumió como director con el 70% del paquete accionario, mientras que el 30% restante quedó en poder de su hijo Martín, que ocupó el cargo de suplente.

Distintas resoluciones judiciales dejaron constancia de que, hacia 2016, la firma contaba con 70 trabajadores y que el dinero destinado a pagar salarios y otras erogaciones era aportado en efectivo por el propio Lázaro Báez.

En 2018, a instancias de la Inspección General de Justicia (IGJ), el TOF N°4 dispuso intervenir judicialmente Austral Agro dentro de la causa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública.

Entre los fundamentos, los magistrados señalaron la "falta de colaboración y reticencia" de Leandro Báez, apoderado de la sociedad, ya que los veedores designados no lograron acceder a la documentación necesaria para evaluar el funcionamiento y el estado patrimonial de la compañía. En consecuencia, se desplazó a las autoridades y se nombró un administrador judicial.

Otro capítulo judicial se originó por la omisión en el depósito de los aportes previsionales descontados al personal. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó un fallo en el que dio por probado que Austral Agro retuvo aportes de sus empleados en febrero de 2016 y no los depositó en el plazo legal, por una suma de $113.925,49.

La nueva causa y la liquidación

Ahora la empresa quedó alcanzada por otra investigación, radicada en la Justicia Federal de Río Gallegos. El fiscal federal Julio Zárate y la PROCELAC, encabezada por Jorge Rodríguez Ponte, imputaron a Lázaro Báez y a otras 16 personas por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

La línea investigativa apunta a establecer si el empresario —que cumple una pena unificada de 15 años en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza— condujo desde la cárcel un entramado para administrar y explotar sus bienes, pese a las restricciones judiciales vigentes, con movimientos por $390.880.000.

En lo que respecta a la compañía agropecuaria, habría conservado el manejo de diversos campos valiéndose de allegados de confianza, a través de contratos de arrendamiento y convenios para la actividad ganadera.

Al mismo tiempo, el TOF N°4 resolvió días atrás avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro para saldar las multas que Lázaro Báez y Martín Báez no abonaron tras sus condenas en la "Ruta del dinero K", fijadas en US$ 329.237.200 y US$ 274.364.333, respectivamente.

En su resolución, la jueza Valeria Rico dispuso que las acciones se inscriban a nombre del Estado Nacional y que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tome el control operativo de la firma. (NA)

Más noticias

Renovación de DNI