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Juicio abreviado en San Luis: siete sentencias por robos y otros delitos, con dos penas de cumplimiento efectivo

Un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas permitió cerrar de manera conjunta varios expedientes por episodios registrados entre 2019 y 2026. Los castigos oscilan entre uno y tres años e involucran robos, hurtos, daños y resistencia a la autoridad.

Por Redacción
La audiencia de juicio abreviado.
La audiencia de juicio abreviado.

Siete personas resultaron condenadas por intervenir en diferentes episodios delictivos ocurridos en la capital puntana entre 2019 y 2026. Los expedientes se cerraron por la vía del juicio abreviado: dos de los imputados deberán cumplir prisión efectiva y los cinco restantes recibieron penas de ejecución condicional.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, que convalidó el entendimiento al que llegaron el Ministerio Público Fiscal y los defensores. Entre los delitos abarcados figuran robos, hurtos, daños, resistencia a la autoridad e incumplimiento de disposiciones judiciales.

El episodio de mayor gravedad se remonta a octubre de 2019, cuando una mujer que caminaba rumbo a su empleo fue abordada en el barrio Eva Perón por varios hombres que circulaban en una moto sustraída.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, los atacantes la intimidaron con un objeto punzante, la golpearon y la tiraron al suelo para quitarle un bolso que contenía dinero, documentación, tarjetas bancarias y un celular. Las lesiones sufridas por la víctima demandaron unos 20 días de recuperación.

El acuerdo incluyó además hechos registrados en los barrios Cerro de la Cruz, Eva Perón y 500 Viviendas Norte. En distintas oportunidades, los imputados accedieron a viviendas tras sortear cercos perimetrales o violentar aberturas, y se llevaron herramientas, teléfonos, electrodomésticos y otros bienes.

También se resolvió un intento de sustracción de cableado eléctrico en cercanías de la avenida de Circunvalación y Riobamba, hechos en los que participaron adolescentes, además de destrozos en propiedades y situaciones de resistencia durante procedimientos policiales.

Las siete condenas

Tras homologar el acuerdo, la jueza Dopazo Samper fijó las siguientes penas:

-Jonathan Barloa: tres años de prisión efectiva.

-Leonardo Barrientos: dos años de prisión efectiva.

-María Paz Barrientos: dos años de prisión en suspenso.

-Carlos Barrientos: dos años de prisión en suspenso.

-Juan Domingo Luján: tres años de prisión en suspenso.

-Juan Francisco Rodríguez Estrella: un año de prisión en suspenso.

-Claudio Michael Pérez: un año de prisión en suspenso.

Al momento de graduar los montos y definir cómo se cumplirían, la magistrada evaluó las particularidades de cada expediente y los atenuantes y agravantes planteados en la audiencia. Para las penas condicionales pesó que los imputados carecían de condenas previas.

A diferencia de quienes deben cumplir prisión efectiva, los condenados en suspenso continúan en libertad siempre que respeten las obligaciones fijadas por la Justicia.

En esta causa, la jueza impuso las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis del Código Penal, bajo control judicial. Si no se cumplen, podrían modificarse las condiciones o, de acuerdo con la gravedad y la repetición de las infracciones, revocarse la condicionalidad.

Cómo se resolvieron las causas

En la audiencia, Dopazo Samper interrogó uno por uno a los siete acusados para asegurarse de que entendieran el alcance del juicio abreviado y aceptaran el acuerdo de manera voluntaria.

Todos admitieron los hechos y las pruebas aportadas por la Fiscalía, y manifestaron su conformidad con las calificaciones legales, las penas pactadas y la forma de cumplimiento.

La acusación estuvo a cargo del fiscal de Instrucción Penal N° 4, Javier Amitrano. Del lado de las defensas actuaron Agustina Tobares y la defensora adjunta Eva Morel, de la Defensoría Oficial Penal N° 3.

Esta modalidad procesal habilita a cerrar causas penales sin realizar un debate oral clásico, a partir de un acuerdo entre fiscales y defensores que necesita el consentimiento de los imputados y la revisión del juez.

Una vez constatado que se reunían las exigencias legales, la magistrada aprobó el acuerdo y dictó las siete condenas.

El seguimiento del cumplimiento de las penas y de las reglas de conducta quedará en manos del Juzgado de Ejecución Penal.

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